Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

La carrera trae cansancio, claro que en el caso de la población de Sabanagrande también ha traído destituciones, inhabilidades, el pago sospechoso de 3.000 millones de pesos a un abogado y puede traer la quiebra de este Municipio en el oriente del departamento del Atlántico.

La historia tiene que ver con las cuestionadas actuaciones que el ex alcalde de Sabanagrande José Mario Romero Cahuana, de Cambio Radical, y el ex secretario de Hacienda Arot Caballero Gómez emprendieron contra la empresa de telefonía celular Comcel, hoy Claro, a la que le embargaron $10.579 millones por el no pago del impuesto de Industria y Comercio de 2012 a 2015.

La multimillonaria suma se la gastaron a pesar de que el cobro coactivo no se encontraba en firme porque cursaba una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que era conocida desde 2017 por los dos funcionarios, y a pesar de que la empresa también solicitó el levantamiento del embargo para lo cual presentó una póliza por el valor de la deuda más los intereses, como lo establecen normas tributarias.

Nada de esto le fue aceptado. Por el contrario, el ex secretario Arot Caballero expidió la Resolución 60 del 30 de octubre de 2017, mediante la cual no accedió a suspender el proceso ni a levantar el embargo; por su parte, el ex alcalde José Mario Romero expidió el Decreto 010 del 29 de enero de 2018 adicionando al presupuesto los 10.579 millones de pesos. De inmediato dispusieron de estos recursos.

Lo primero que hicieron, en otra cuestionada decisión con presuntos visos de ilegalidad, fue comenzar a pagarle al abogado Orlando Álvarez 3.000 millones de pesos por el cobro coactivo.

Para sorpresa, después se conoció que el beneficiado por el jugoso reconocimiento tenía un contrato mensual de asesor jurídico del municipio de Sabanagrande. En dicho contrato no figuraba ninguna cláusula reconociéndole a Álvarez bonificaciones o pagos extra por casos como el de la compañía telefónica.

Ni aparece en la Alcaldía otro contrato pactando dichos pagos, dijeron fuentes de la actual administración municipal.

Asimismo, Romero Cahuana se gastó $4.000 millones en la construcción de vías y $3.000 millones en el arreglo de parques, aunque esta última contratación la incumplió en diciembre: cogió la plata para otros gastos y dejó de pagar parte de las obras. Ahora la nueva administración afronta una demanda por $700 millones.

Fallo adverso y destitución 

El 11 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo del Atlántico, con ponencia del magistrado Luis Carlos Martelo Maldonado, respaldada por sus colegas de sala, Judith Romero Ibarra y Cristóbal Christiansen Martelo, declaró nula las actuaciones del ex secretario de Hacienda, entre ellas la mentada Resolución 60.

Al considerar que “no estaban ajustados a derecho”, dio por terminado el cobro coactivo y levantó el embargo, como lo reclamaba la compañía Comcel.

Este no ha sido el único fallo en contra que han obtenido los dos funcionarios municipales. En otra decisión que los afecta, la procuradora regional de Barranquilla, Margarita De la Hoz Jure, confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años impuesta contra el ex alcalde José Mario Romero y el ex secretario Arot Caballero por el dolo con el que actuaron en este proceso.

Si bien los dos funcionarios podían gestionar el cobrar del mencionado impuesto, el Ministerio Público les reprocha que se hayan gastado la multimillonaria suma sin que hubiese terminado el proceso en la justicia contenciosa administrativa. La plata debió quedar congelada en las cuentas de Comcel, mas no ser incorporada al Presupuesto Municipal de 2018 como recursos propios.

Para la Procuradora Regional cuando un funcionario, como en el caso de Romero y Caballero, “resuelve apartarse obstinadamente de la normatividad vigente, desconociéndola mediante actuaciones arbitrarias por la única razón de ser su voluntad, obra también una finalidad corrupta, ya que por ese camino se está trastocando la función pública”.

Y sostiene que la “finalidad corrupta (…) también se configura cuando el funcionario de manera arbitraria, caprichosa e injusta se aparta del orden jurídico sin justificación alguna; corrupción también es abuso de poder, abuso del cargo y de la autoridad pública”, como sucedió con los dos disciplinados.

Al borde de la quiebra 

Más allá de estas dos decisiones en contra, la inesperada herencia que encontró el actual alcalde Gustavo De la Rosa es que Comcel demandó al municipio por 21.000 millones de pesos.

Aunque ya iniciaron la defensa técnica ante el Consejo de Estado, Sabanagrande no la tiene fácil, sobre todo después de las decisiones en contra proferidas por el Tribunal del Atlántico y la Procuraduría.

“Es preocupante esta demanda porque el presupuesto de nosotros es de 20.000 millones y, ni Dios lo quiera, un fallo en contra querría decir que el municipio tendría que cerrar sus puertas, literalmente, porque con recursos propios de aquí a que paguemos eso van a pasar muchos años”, admite el actual alcalde Gustavo De la Rosa.

De perder la demanda en el Consejo de Estado, Sabanagrande podría desaparecer por la irresponsabilidad del ex alcalde Jose Mario Romero y su secretario de Hacienda Arot Caballero que actuaron de manera ilegal, como lo dicen el Ministerio Público y el Tribunal del Atlántico.